Uno de los debates más en auge en estos momentos de crisis económica es el debate sobre la eficacia de los programas de intervención que se desarrollan en el ámbito social, y especialmente los que se realizan con las familias y los niños, niñas y adolescentes.

Unir los conceptos de protección y coste económico es tan necesario como peligroso, según el enfoque desde el que se haga. En estos momentos, es fácil recurrir al argumento de un “coste excesivo” para eliminar recursos de prevención, atención e intervención enfocados a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, justamente aquellos que tienen menos oportunidades para defender y reclamar sus derechos. Y en ese aspecto, los niños, niñas y adolescentes se llevan una de las peores partes, porque su margen de defensa es más bien escaso.

Sin embargo, la investigación que se está desarrollando en los últimos años sobre la relación coste-beneficio de los programas de intervención es esencial para la mejora de la calidad de los mismos. Realizar seguimientos y evaluaciones a largo plazo del impacto de los programas en la vida de los niños y niñas y también en su etapa adulta debería ser imperativo. Sólo así podremos comprender y justificar con datos el ingente ahorro que suponen los programas de prevención e intervención temprana con los niños, niñas y sus familias sobre cualquier otra intervención que se realice a posteriori. Justamente esos programas que hoy en día se están desmontando argumentando que son un “lujo” que una sociedad en crisis no puede permitirse.

Es esencial replantearse el uso de los recursos, y hacerlo del modo más eficiente. Y varios de los artículos y programas evaluados incluidos en el último número de la Revista de Intervención Psicosocial de agosto de 2012, editada por el Colegio de Psicólogos y coordinado por el profesor Joaquín de Paúl, plantean que la opción más eficiente son los programas de prevención y apoyo temprano a las familias.

Desde Espirales CI queremos dar las gracias a Joaquín de Paúl, María Ignacia Arruabarrena y todos los profesionales que desarrollan su trabajo en este ámbito por proporcionar datos legítimos para justificar las decisiones técnicas y políticas más allá de criterios ideológicos.

Ana, Javier y Pepa