Hace un par de semanas, UNICEF Comité Español publicó un estudio elaborado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) denominado La infancia en los presupuestos. Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la infancia en España y su evolución entre 2007 y 2013 que ha sido fuertemente comentado en las redes sociales, principalmente porque ha puesto en evidencia la caída de inversión pública en la infancia y adolescencia y la disparidad de dicha inversión entre las comunidades autónomas.

Pero el estudio también señala otros aspectos que desde Espirales Consultoría de Infancia consideramos que deberían ser incorporados en la agenda del trabajo de incidencia de todas aquellas personas, organizaciones e instituciones que trabajen en pos de los derechos de la infancia.

Por un lado, se debe exigir mayor claridad y desagregación a la información reflejada en los presupuestos públicos, para poder acceder de forma de sencilla y transparente a los datos y poder analizar la inversión desde diferentes perspectivas:

• Según los ciclos de vida de la infancia (primera infancia, escolar, adolescencia) ya que el impacto que tiene la inversión en la primera infancia afecta el desarrollo de las siguientes etapas y es fundamental para establecer las bases de equidad. También permite analizar si se cubren las necesidades específicas de cada ciclo.
• Según la situación socioeconómica, para analizar si dicha inversión llega a los grupos más necesitados o vulnerables, garantizando la distribución equitativa de los recursos.
• Que permita la comparación con otras partidas presupuestarias o el gasto real, para poder hacer un seguimiento de la inversión real realizada y comparar con las otras partidas del presupuesto estatal, analizar el volumen y composición de los recursos asignados y el grado de eficiencia que se utilizan.
• Que permita evaluar la efectividad de la inversión. Para ello los presupuestos deberían elaborarse en base a resultados que permitan medir el desempeño de las instituciones y del uso de los recursos públicos en los programas o proyectos que permiten alcanzar los resultados establecidos.
• Que facilite los mecanismos de rendición de cuentas sobre la inversión pública destinada a la infancia y adolescencia, que pueden ser a nivel parlamentario, por entidades fiscalizadoras, por instituciones independientes de derechos humanos, entre otras. El acceso a la información por parte de los ciudadanos es fundamental para garantizar la transparencia del uso de recursos públicos en el cumplimiento de los derechos del niño.

Por otro lado, se deben fortalecer los espacios y procesos participativos por parte de la ciudadanía, incluyendo a los niños y niñas, para la elaboración de los presupuestos en sus diferentes niveles. Ya existen algunas experiencias a nivel municipal, que pueden servir de ejemplo para establecer mecanismos participativos en los presupuestos de las comunidades autónomas. La sociedad en su conjunto, incluyendo a niños y niñas, tiene que asumir un rol protagónico en las decisiones que le afectan directamente, como es la inversión en las políticas públicas.

Por último, se deberían establecer estándares mínimos de inversión en infancia a nivel del Estado Español para evitar inequidades y garantizar la igualdad de posibilidades a todos los niños, niñas y adolescentes, para facilitar la utilización de indicadores que midan el impacto de dicha inversión en las políticas y programas destinados a la infancia y adolescencia, otorgando mayor importancia a los resultados y calidad que al volumen invertido.

Hasta la fecha la inversión en infancia ha dependido de la voluntad política de los gobiernos de turno, es momento que pase a ser una prioridad de Estado y cuente con la participación de la ciudadanía, y especialmente, con la voz de los niños, niñas y adolescentes.

Lucía