Ayer hemos tenido noticia de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se da una situación paradójica. El tribunal anula una sentencia a un hombre condenado por abusar sexualmente de una niña de 9 años amiga de su hija. El tribunal obliga a que se repita el juicio, porque considera que el procedimiento ha vulnerado las garantías de la presunción de inocencia del acusado.

Pero en la misma sentencia, el tribunal avala que se puedan establecer medidas de protección del interés superior de la víctima. De este modo avala la validez de la prueba preconstituida como mecanismo de toma de declaración a los niños, niñas y adolescentes implicados como víctimas en los procedimientos judiciales. Pero al mismo tiempo establece que, en este caso, al ser tomada la declaración de la niña por parte de la policía sin presencia del fiscal y del abogado defensor, esta declaración, usada posteriormente como prueba de cargo en el juicio, no cumple los requisitos para ser considerada válida y el juicio debe ser anulado.

La toma de declaración como prueba preconstituida consiste en realizar la entrevista al niño o niña en una sala de espejo unidireccional donde están a solas con un profesional especializado cuya función es trasmitirle de forma adecuada y comprensible para el niño o niña las preguntas de fiscal, juez y abogado defensor, que están presentes en la sala pero al otro lado del espejo, de forma que el niño o la niña no los ven. De esta forma, la grabación de esta declaración se puede usar como prueba en el juicio sin obligar al menor a volver a declarar en la sala, con la victimización secundaria que esta declaración podría conllevar.

La paradoja es, por tanto, que esta sentencia que avala por un lado los mecanismos de protección a los menores víctimas de delitos en el procedimiento judicial, por otro, obligará a una niña de 9 años a volver a declarar sobre lo sucedido cuando se repita el juicio, probablemente años después de que ocurrieran los hechos.

Paradojas como ésta son las que afrontamos a diario cuando analizamos cómo nuestro sistema judicial aborda las actuaciones con niños, niñas y adolescentes, estén estos implicados en el procedimiento en calidad de víctimas, testigos o acusados.

El sistema penal del menor fue creado para abordar los casos de delitos cometidos por parte de menores y contempla en su actuación la especialización de los agentes implicados, su formación, una serie de recursos especializados y de procedimientos adaptados a las necesidades del menor acusado del delito.

Sin embargo, si este mismo niño o niña se ve implicado como víctima de un delito, véase la niña de 9 años de la que hablábamos, o como testigo de un procedimiento judicial, pensemos en los procedimientos de separación y divorcio de parejas con hijos e hijas, estos menores pasan al sistema penal de adultos, dado que el sistema se establece en función de la identidad del acusado, no de su víctima, y su objetivo fundamental es, acertadamente, preservar el derecho a la presunción de inocencia del mismo.

Pero al pasar a este sistema, todos estos menores dejan de tener acceso a esos recursos, a esos profesionales formados y sensibilizados con el trato con niños, niñas y adolescentes y sus necesidades específicas, a los espacios adaptados o a los materiales específicos destinados a ellos.

Pasan a ser el eslabón débil del sistema. Un sistema que teóricamente debería amparar y proteger sus derechos, al menos tanto como los de la persona acusada o los otros adultos implicados.

En el mismo día hemos recibido en Espirales Consultoría de Infancia la invitación de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) a participar en su proyecto “Justicia e Infancia” que contempla una serie de actuaciones para poner sobre la mesa estas problemáticas.

Desde aquí invitamos a todos los que nos leéis a dedicar un tiempo a leer su propuesta, en la que se incluyen además bibliografía y materiales específicos para trabajar con niños y niñas este tema. Os invitamos también especialmente a los que seáis profesionales en los ámbitos implicados a rellenar el cuestionario que se ha diseñado para profesionales y expertos en el tema. Es una oportunidad de participación significativa que creemos que merece la pena aprovechar.

Pepa