Esta semana ha sido un momento de celebración para todas las personas de bien, para quienes consideramos a los niños, niñas y adolescentes ciudadanos de pleno derecho y un poquito más si cabe para todas las personas que trabajamos, de un modo u otro, en el ámbito de protección: la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) por el Congreso de los Diputados en España. [Actualización: ya se ha publicado la Ley y entra en vigor en unos días, con el nombre final de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia].
A lo largo de estos casi veinticinco años que llevo trabajando para la prevención y erradicación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes he vivido muchas cosas que, como he comentado en redes sociales, estos días se me agolpaban en el corazón. Y todas tenían que ver con el camino recorrido, con la cantidad de cosas que hoy damos por obvias, por lógicas, por sabidas y que, como en cualquier otro movimiento de cambio social, son, sin embargo, el resultado de un trabajo muy largo en el tiempo. Un trabajo que, cuando empezó, parecía simplemente como predicar en el desierto, una locura, un imposible.
Cuando yo empecé a trabajar en este tema, ya había gente luchando por visibilizar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Ya existía un sistema de protección en España jurídicamente constituido que empezaba a evaluar su funcionamiento. La Plataforma de Organizaciones de Infancia ya estaba constituida. Ya existían organizaciones y entidades que llevaban mucho tiempo trabajando en este tema. Y, sobre todo, existían muchos profesionales atendiendo ya a los protagonistas últimos de esta ley: los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
Pero todo lo que existía era percibido como personas, organizaciones y entidades que atendían a un colectivo vulnerable, escaso, desafortunado, víctima de algunas personas locas, enfermas, extrañas y, sobre todo, muy lejanas a la vida cotidiana de la gente. “Esto en mi casa no pasa, esto en mi barrio no ocurre, eso le pasa a los pobres, lo hacen personas locas o enfermas”. “Pobrecitos”, decían en el mejor de los casos. “Es imposible, os lo inventáis”, en el peor de los casos. Como ocurría con otras víctimas de violencia.
Quiero contar cuatro ejemplos que para mí explican muy bien de dónde venimos, y todo el trabajo que ha sido necesario hacer para lograr el cambio social que legitimara e hiciera posible este cambio legislativo. Porque es así, una ley nunca sale adelante si la sociedad no está preparada. Y si se fuerza, y se aprueba antes de ese cambio social, la norma legal es atacada y cuestionada hasta su derogación o ignorada y no implementada. Sobre todo en el caso de las leyes que abordan las relaciones humanas, no las administrativas ni las institucionales, sino las relaciones humanas en cualquiera de sus vertientes. Esas leyes han de ser incorporadas por la sociedad para ser implementadas. El mejor ejemplo que se me ocurre ahora mismo es la ley antitabaco, que requirió una inversión brutal en sensibilización social para lograr ser implementada. Cuando se aprobó fuimos muchas personas las que pensamos que sería imposible, y ahora volamos en un avión, vamos en el tren, nos sentamos a comer o vamos a bailar sin llenarnos de humo. Y nos parece lo normal. Nos parece obvio.
El primer ejemplo que me vino el jueves a la memoria fue el día que publicamos el primer informe que se sacaba en España sobre castigo físico a los niños y niñas en el hogar, el documento Amor, poder y violencia. Un análisis comparativo de los patrones de castigo físico y humillante. Año 2005. Ese día volvía a casa en el metro después de la rueda de prensa y de todas las entrevistas. Aquella fue la primera de todas las ruedas de prensa que habíamos convocado hasta entonces desde Save the Children por temas de violencia en las que la presencia de medios fue masiva. Hasta entonces venían dos o tres periodistas. El tema no era noticia.
Aquel día volvía en el metro a casa. Debían de ser las nueve de la noche y el tema ya había salido en el telediario de mediodía y de la noche. En el vagón donde viajaba se entabló una discusión muy fuerte entre un grupo grande de gente. Pero en realidad no fue una discusión. Todos estaban de acuerdo, y estaban de acuerdo en que estábamos locos quienes presentamos el estudio, en que, por supuesto, había que pegar a los niños y niñas cuando era necesario, que “Si no, no obedecían” y que había que “meterlos en vereda”. Que las ONG y los psicólogos pretendíamos decirles lo que tenían que hacer con sus hijos e hijas, que “eran suyos” y que además las cifras que dábamos, seguro que “nos las inventábamos”.
Hablo del año 2005 cuando ya llevábamos trabajando el tema desde la campaña “Educa, no pegues” a nivel estatal desde el año 1999. Fueron años de campaña, dando formaciones a familias y profesionales en pueblos pequeños y ciudades de todo el país, con un equipo de treinta personas trabajando directamente en el tema, y muchas otras instituciones y organizaciones apoyando el proceso y colaborando.
Formamos a miles de personas. Recuerdo que cuando preparaba a ese grupo de personas que iban a tener que dar los cursos, las conferencias, las entrevistas, siempre les decía: “Tened presente que solo con que sientan la necesidad de discutir lo que decís, de contraargumentaros, ya es suficiente, porque significará que habréis sembrado la duda sobre algo que está tan arraigado socialmente que la gente ni siquiera se plantea cuestionarse. Dan por hecho que tienen derecho a pegar a sus hijos para educarlos. Siempre se ha hecho así. Solo sembrar la duda es un avance”. Así ocurrió. Nos discutieron, incluso en algún caso nos insultaron, se rieron de muchos de nosotros, pero seguimos. Y la duda caló.
Hizo falta una segunda campaña de sensibilización contra el castigo físico a los niños y niñas en la familia: “Corregir no es pegar”. Y por cierto una de las medidas que se planteaba en aquella campaña, para mí no la más relevante pero sí necesaria, era la modificación de un artículo del Código Civil. No una ley. Un artículo. Costó ocho años de trabajo lograrla. Llegó en el 2007. Y aún hoy, hay gente que no duda de su derecho a pegar y gritar a sus hijos e hijas si lo considera necesario. Pero ya no es obvio, ya no es mayoritario, ya no parece tan claro. Estamos en el camino.
Segundo ejemplo, la elaboración del modelo de protocolo de actuación en los casos de maltrato infantil impulsado por el Observatorio de Infancia del Ministerio de Asuntos Sociales. Año 2008 (luego se publicaron sucesivas modificaciones y mejoras del mismo hasta el año 2014, que es la actual). Se elaboró en un grupo de trabajo que se reunió durante un año y en el que por primera vez representantes del ámbito judicial se sentaban a una mesa con el ámbito social, el ámbito educativo, el ámbito policial y el ámbito sanitario. Representantes de las Comunidades Autónomas y de todos los ámbitos que pretendíamos elaborar un modelo de protocolo que pudiera servir a las Comunidades Autónomas para impulsar sus propios protocolos en los diferentes territorios, como así ocurrió. Aquellas reuniones las he vivido de nuevo a nivel autonómico en varias comunidades autónomas.
Pero recuerdo perfectamente la dificultad para ser aceptada como interlocutora válida sin ser profesional del ámbito jurídico. Y recuerdo, entre otras muchas cosas, la discusión para lograr que se incluyera la propuesta en el protocolo de que las indemnizaciones en las sentencias condenatorias por casos de maltrato infantil no se calcularan utilizando el baremos que se usaban hasta entonces, los de los accidentes de coche, sino que pudieran cubrir el coste del tratamiento terapéutico que iba a necesitar (o que ya había necesitado en función de los años transcurridos antes de la sentencia definitiva) ese niño o niña para recuperarse del trauma que le habían infligido. Porque déjenme recordar que ni entonces ni ahora está garantizado el tratamiento público y gratuito a todos los niños y niñas víctimas de alguna forma de maltrato. En algunas comunidades autónomas sí, en otras solo a aquellos niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato en ámbito intrafamiliar que les lleva a una situación de desprotección, en otras ni eso. Recuerdo hacer sobre aquella mesa el cálculo genérico del número de sesiones mínimas multiplicado por el coste establecido oficialmente por los Colegios Oficiales de Psicólogos por sesión. Una cifra que era mucho mayor del baremo establecido. Y solo para pagar el tratamiento. La medida se incluyó, y muchos fiscales en sus propuestas y muchos jueces en sus sentencias la incorporaron. Otros muchos siguen usando el baremo de los accidentes de coche, porque es el que se ha usado siempre. Estamos en el camino.
Tercer ejemplo, cuando en el año 2006 publicamos desde Save the Children también la primera investigación que se realizó sobre Atención a niños y niñas víctimas de violencia de género. La primera. La primera vez que se les llamaba víctimas directas. No “testigos”, ni “víctimas secundarias”, sino víctimas directas. Una investigación que llevó dos años de trabajo por parte de un equipo de gente increíble que tuve el honor de coordinar. Una de esas investigaciones que marcó un antes y un después y una línea de trabajo que en la organización se ha seguido hasta lograr la modificación legislativa de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en la que se reconoció a los niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas de esa violencia igual que sus madres. Fue en el año 2015. Hicieron falta 9 años.
En aquella investigación surgieron temas muy graves, pero sobre todo, cuando se publicó, tuvimos que escuchar cosas como que los niños, niñas y adolescentes “Solo eran testigos”, que “A ellos no les daban las palizas”, que “Podían no enterarse” de lo que su padre o padrastro le hacía a su madre, o que si los reconocíamos como víctimas “Las mujeres perderían los recursos que tenían para atenderlas porque se los darían a los niños y niñas”. Recuerdo que una de las medidas que se solicitaba en aquella investigación era simplemente que se introdujera en los formularios de las órdenes de protección una casilla con el dato del número de hijos e hijas que tenían las mujeres. Se registraba su edad, su país de procedencia… muchos datos sobre las mujeres. Pero nada sobre sus hijos e hijas. Lo logramos. Con un matiz: que durante años, ese dato no se introdujo en las estadísticas que se publicaban sobre el tema. Aquella primera investigación fue el comienzo de un proceso muy duro para lograr algo que sigue siendo en muchos lugares una cuenta pendiente y es la necesidad de que las intervenciones en Igualdad y en Infancia trabajen de la mano. Estamos en el camino.
La realización de investigaciones, no solo desde la perspectiva académica sino desde la visión de los profesionales en terreno, ha sido una pieza clave de este proceso de visibilización de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y de las carencias que existen en el sistema a la hora de atender el dolor de las víctimas.
Ha habido dos investigaciones posteriores que he tenido el privilegio de coordinar ya desde Espirales CI junto con F. Javier Romeo, sobre diversos aspectos del sistema de protección que han desempeñado un papel clave en la legitimidad del proceso de cambio legislativo. Por un lado, la realizada para UNICEF España sobre la atención a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial y familiar en España llamada Un lugar donde quedarse, en la que surgieron claramente varias de las problemáticas expuestas en la justificación del proyecto de ley.
Por otro, la realizada para Aldeas Infantiles SOS España con el título Llegar a tiempo. Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en España. Ambas investigaciones han sido otros pasos en este camino. El camino de dar visibilidad a las distintas problemáticas a las que la LOPIVI pretende dar respuesta desde el análisis de la práctica cotidiana desde un enfoque de derechos del niño.
Y un último ejemplo, para mí quizá el más doloroso. A lo largo de estos años España, como el resto de los países que lo han ratificado, está obligada a presentar un informe al Comité de Derechos del Niño sobre la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). Como cada país, España presenta su informe a nivel gubernamental, y las ONG, asociaciones y entidades pueden presentar sus informes alternativos. En España lo realiza la Plataforma de Organizaciones de Infancia de forma conjunta. Un trabajo mucho más complicado de lo que la gente pueda imaginar, pero absolutamente imprescindible en el que pude participar en dos ocasiones. En esos informes que presenta el gobierno se recogen las estadísticas publicadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre muertes en España, en este caso de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. El problema es que los datos vienen recogidos por causas de muerte y, como tales, disgregados: hay que sumar varios apartados para saber cuántos niños, niñas y adolescentes han muerto por causas violentas en nuestro país. Pero no solo hay que sumar las casillas correspondientes a las muertes violentas. Porque entre sus causas están los asesinatos, homicidios de niños y niñas, los suicidios y una categoría que da mucho miedo que son las muertes por agresiones accidentales, que se categorizan así porque muchas veces no se sabe quién produjo esa agresión o si lo hizo intencionalmente (hablamos de muertes por quemaduras, apuñalamientos, disparos o envenenamientos).
Cada año esa cifra me duele, así que en el año 2014 publiqué una entrada de blog que llamé “Contabilizar nuestros muertos, también cuando son niños y niñas”. Lo publiqué en el blog de mi querido Xosé Cuns “No me pidan calma”, recogiendo los datos del 2011 que figuraban en el último informe presentado por el gobierno al Comité.Pensé que ese artículo generaría polémica, pero no fue así. Y debería haberla generado. Porque las cifras dan miedo. El registro completo de muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en nuestro país sigue siendo una cuenta pendiente a la que la LOPIVI pretende dar respuesta creando al fin ese registro.
Estamos en el camino. Porque déjenme que recuerde algo que dije en ese artículo: difícilmente se pueden crear medidas eficaces y ajustadas si no conocemos la magnitud de la problemática.
Todo esto y mucho más forma parte de un proceso de cambio social que ha sucedido en nuestro país en los últimos veinte años. Ahora muchas cosas parecen obvias, como si hubieran existido siempre. Pero no es así. Cuando esta semana se hablaba de la aprobación de la LOPIVI había quienes sugerían llamarla “Ley Rhodes”, porque el papel de James Rhodes ha sido clave para acelerar un proceso que, aunque estaba pasando, sucedía a ritmo exasperantemente lento.
Su libro Instrumental supuso algo difícil de expresar para mucha gente. Él prestó su nombre, pero sobre todo su dolor para dar voz a muchas víctimas. Nunca podré agradecérselo suficiente. Esta ley es también suya, aunque no solo suya. Tengamos presente que antes que él hubo muchas víctimas que pidieron hablar con el presidente del gobierno y nunca fueron atendidas. No un presidente del gobierno, varios, de varios partidos y signos políticos. ¿Por qué? Porque la sociedad española no estaba preparada y el coste político para cualquier político de cualquier signo político de posicionarse en este tema era demasiado alto.
El gobierno actual ha tenido mucho valor al promover el proceso de aprobación de la LOPIVI y se ha logrado con alto consenso político, porque la sociedad no lo cuestionaba (salvo algunas medidas específicas en la ley que sí causaron debate), porque parece obvio, parece de justicia. Pero lo parece ahora.
El mismo proceso de formulación del proyecto de ley esconde detrás un proceso muy largo. Déjenme dar solo algunas fechas. Primera ponencia sobre violencia contra la infancia en el Congreso de los Diputados, año 2005. Creación de la subcomisión sobre violencia contra la infancia, año 2014. En esta entrada de blog escribimos sobre esa subcomisión. Presentación de firmas para la no prescripción de los delitos de abuso sexual infantil, mayo de 2016. Creación grupo de trabajo de organizaciones y entidades impulsado por Save the Children y la Cátedra Santander de la Universidad Pontificia de Comillas para elaborar un borrador conjunto de ley que pudiera ser llevado al Senado y Congreso, año 2018. Envío del borrador de proyecto de ley, diciembre 2020. Aprobación del Proyecto de Ley (a falta de su paso por el Senado y, si hay modificaciones relevantes, de nuevo por el Congreso), abril 2021.
Esta semana se hablaba también de procesos de tres años, de cinco años para algunas de las medidas que esta ley ha recogido y que supusieron un antes y un después en este proceso, porque son procesos impulsados por adultos que fueron víctimas de alguna forma de maltrato en su infancia. Personas adultas que dieron un paso adelante y pusieron rostro y voz al horror silenciado. Solo las personas adultas que fueron víctimas en la infancia y adolescencia podían hacer eso, porque las organizaciones de infancia, por mucho que trabajaran para visibilizar ese dolor no podían sacar a los niños, niñas y adolescentes a contar lo que les estaba pasando. Ellos no podían hablar solos, necesitaban a los adultos que ya podían hacerlo. Personas como Vicky Bernadet, como Miguel Hurtado, como Gloria Viseras, como Manuel Barbero. Ellos y ellas dieron nombre y apellidos. Pero antes estuvieron también las asociaciones de víctimas que llevaban años constituidas, como ACASI, la Asociación Garaitza, El Mundo de los ASI, la Fundación RANA y otras muchas demandando ser atendidas y realizando una labor de sensibilización social imprescindible. Su voz y su trabajo dio legitimidad a lo que organizaciones como Save the Children, la Fundación ANAR, UNICEF España, Aldeas Infantiles SOS España o Educo contaban en sus datos. Todos ellos hicieron que los datos tomaran vida y alma. Sin ellos, todos ellos, personas concretas, asociaciones de víctimas, esta ley nunca hubiera sido aprobada.
Se hablaba de entidades y organizaciones. Las he mencionado. Con el rol impagable de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) y de la Federación de Asociaciones de Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI).
Y se recordaba a juristas y académicos que apoyaron en su proceso a las organizaciones. Imposible no mencionar aquí a Clara Martínez o a Félix López, Jesús Palacios, Jorge Fernández del Valle, Enrique Echeburúa, María Ignacia Arruabarrena o Noemí Pereda. Profesionales que dieron legitimidad con sus investigaciones o con su conocimiento a procesos emprendidos por las entidades. Los profesionales del ámbito de infancia tenemos algo en común: somos perseverantes, por no decir directamente que somos cabezotas. Sin todas esas entidades y los profesionales que las apoyaron esta ley nunca hubiera sido aprobada.
La primera es al proceso internacional. Se hablaba de que España es pionera.
Pero esta ley nunca se hubiera aprobado sin la realización del Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas (conocido también con el nombre de “Informe Pinheiro” por haber sido Paulo Sérgio Pinheiro su coordinador). Fue el primer estudio que se hizo a nivel mundial sobre violencia contra la infancia, y obligó a Naciones Unidas a reconocer la dimensión brutal de esta problemática en todos los países y regiones del mundo. Volviendo a lo que comentaba al principio, yo he trabajado el tema del castigo físico a los niños y niñas en 32 países. En todos sin excepción me han dicho en los talleres que el castigo “era parte de su cultura”.
Una de las cosas que ese informe dejó claro es que la violencia contra la infancia, aunque tenga algunas especificidades, no es algo cultural, ni propio de determinadas clases sociales o económicas. Es un problema universal, que tiene que ver con el abuso de poder en las relaciones interpersonales, con la necesidad de lograr un cambio en las relaciones entre las personas, y sobre todo entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes. Un problema que tiene que ver con el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos de pleno derecho. Y en este proceso quiero mencionar a dos personas que jugaron un papel clave y de los que se ha hablado poco esta semana.
Por una parte, Jorge Cardona, como representante español en el Comité de los Derechos del Niño, y por otra, Elda Moreno como responsable del Área de Derechos del Niño en el Consejo de Europa, que impulsó la campaña “Tus manos son para proteger” contra el castigo físico, la campaña “Uno de cada cinco” sobre el abuso sexual infantil que surgió tras la aprobación en 2007 del Convenio de Lanzarote (Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual), y la campaña actual “Start to Talk” (“Empieza a hablar”) contra el abuso sexual en el deporte. Sin esas tres campañas esta ley nunca hubiera sido aprobada.
La segunda es a las Defensorías de los derechos del niño, niña o adolescente. Desde el área de infancia del Defensor del Pueblo hasta las Defensorías existentes en diferentes Comunidades Autónomas. Quiero destacar el trabajo de la oficina del Ararteko, el Síndic de Greuges, la OBIA (Oficina Balear de Infancia y Adolescencia), el Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensoría del Ciudadano del Ayuntamiento de Palma, que se han posicionado públicamente en la denuncia de diferentes formas de violencia que estaban sufriendo los niños, niñas y adolescentes en sus respectivos territorios. La legitimidad de sus denuncias como instituciones independientes ha dado sostén al trabajo de las organizaciones de infancia en este proceso.
Y la otra mención que me ha faltado es a todos los profesionales que trabajan a diario con los protagonistas últimos de esta ley: los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Hablo de los profesionales del sistema de protección, que trabajan en recursos de acogimiento residencial o acogimiento familiar, en diferentes programas de intervención en riesgo, en los servicios sociales y como técnicos en los servicios de protección: educadores, psicólogos, trabajadores sociales…, todas esas personas que sostienen a diario el dolor de estos niños, niñas y adolescentes. Y especialmente quienes trabajan directamente en recursos de atención terapéutica especializada. Podría mencionar a muchísimos pero déjenme que mencione a las psicólogas de la UTASI con quienes hemos publicado el libro Poniendo alma al dolor, la Fundación Márgenes y Vínculos, ADIMA, la Fundación Xilema, la Fundación A La Par, Victoria Noguerol, María Pérez, José Luis Gonzalo, Javier Romeu Soriano, Begoña Aznarez y José Luis Marín, Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, Natalia Seijo, Cristina Cortés, Elena Borrajo, Loli Urízar Nieto, Ana Sieiro, Toni Echeverría, Josu Gago, Alberto Rodríguez, Javier Múgica… y podría seguir. He trabajado los últimos años con equipos profesionales de entidades que desde su trabajo en los recursos del sistema de protección llevan luz a la oscuridad de la que tratan de salir estos niños, niñas y adolescentes. Y lo logran cuando hacen bien su trabajo, les dan calidez y esperanza. Y una vez más esta semana han sido los grandes olvidados.
No solo han sido los políticos los que han hecho realidad esta ley, ni las caras visibles que hemos visto en los medios. Los que la hacen realidad y la harán a diario serán estos profesionales a los que tratamos de acompañar desde Espirales CI hace años. Pienso en los buenos docentes, los que miran las vidas de sus estudiantes más allá de las materias que imparten, ven el dolor que tienen delante y no lo ignoran. Pienso en los educadores y educadoras que trabajan a diario y sin descanso en los centros de protección, en los programas de intervención familiar en situaciones de riesgo, en los centros de servicios sociales municipales, en la calle, en las plazas, en los recursos de ocio y tiempo libre… Pienso en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que resisten aunque “los otros”, como me dijo una vez un amigo, “siempre sean más y estén mejor dotados”. Pienso en los médicos, enfermeras y personal sanitario que miran a estos niños, niñas y adolescentes y ponen nombre al horror y lo firman en un informe del que tendrán que responder judicialmente, pero lo hacen porque saben que es parte de su trabajo. Pienso en los fiscales, jueces, equipos psicosociales, abogados, secretarios judiciales…, toda esa gente que trata de formarse y de mejorar un sistema que no está adecuado a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas.
Porque la LOPIVI habla del horror del que es capaz el ser humano. Pero habla sobre todo de toda la red inmensa de gente increíble que yo he tenido el privilegio de conocer. Personas que se conmueven, se enfadan y se implican en la lucha contra ese horror. Este artículo pretende ser el pequeño homenaje mío en nombre del equipo de Espirales CI a todas ellas en un momento que merece celebración y memoria. Y, una vez acabado el artículo, toca seguir. Queda mucho, muchísimo por hacer. Y las sentencias de esta semana son prueba de ello. Pero cada vez somos más. Y así es mucho más fácil.
Gracias de corazón,
Pepa Horno (en nombre del equipo de Espirales CI)